Brexit inminente.

Bruselas revisa su estrategia para gestionar el Brexit con la llegada de Boris Johnson a Downing Street. Hasta ahora se abogaba, con la excepción casi única de Francia, por prolongar el proceso a la espera de que se resolviese la división política en Reino Unido. Pero la llegada del nuevo líder conservador ha consolidado la posibilidad de un Brexit sin acuerdo no mucho más allá del 31 de octubre.

Fuentes diplomáticas señalan que, al estar la UE en pleno relevo institucional hacia finales de octubre, es posible que la salida se produzca algunas semanas después del 1 de noviembre.

De esta forma se espaciarían en el tiempo las fechas coincidentes: el mandato de la actual Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, expira el 31 de octubre y el mismo 1 de noviembre Ursula Von der Leyen, que previsiblemente ya habría logrado la aprobación de la Comisión del Parlamento Europeo, comenzaría su mandato como presidenta. El impacto económico de un Brexit duro puede verse agravado por la apertura de los mercados bursátiles ese viernes.

Michel Barnier, negociador jefe europeo, se ha se ha mostrado dispuesto a retomar los contactos con Londres en cuanto sea necesario y a estudiar cualquier propuesta del nuevo Gobierno siempre y cuando sea compatible con el actual acuerdo de salida. Pero Barnier ha perdido ya a Sabine Weyand y el próximo día 1 de agosto cesa prematuramente Martin Selmayr, quedando la UE sin dos de sus  grandes negociadores.Boris Johnson pretende un acuerdo de salida que debe pasar por eliminar los términos en torno a la salvaguarda irlandesa, el llamado “backstop”, que evita una frontera dura entre la República de Irlanda (dentro de la UE) e Irlanda del Norte (territorio británico).

Johnson ha dejado claro desde su toma de posesión el pasado miércoles que la prioridad de su Gobierno es que el Reino Unido esté fuera de la UE el 31 de octubre.

El 25 de julio, en su primera intervención ante el Parlamento, Johnson advirtió que si Reino Unido sale sin acuerdo no entregará a la UE los 45.000 millones de euros pactados por May en concepto de cuentas pendientes para 2019 y 2020, pago de pensiones para los eurofuncionarios británicos y compromisos adquiridos por Londres para proyectos a largo plazo. Este dinero, afirma, lo emplearía para suavizar el impacto económico que previsiblemente se podría producir.

Irlanda queda como el país más potencialmente afectado por la ruptura, especialmente en los sectores agrarios, manufacturero y turismo. Alcanzando el impacto fiscal los 6000 millones de euros en 2020.