La falta de propuestas
concretas de Londres genera un clima de pesimismo e impaciencia en Bruselas. El
negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, mostró este jueves ese
estado de ánimo ante los líderes de los grupos parlamentarios, a quienes
advirtió de que los Estados miembros deben estar preparados para una retirada
sin acuerdo del Reino Unido.
El Gobierno del primer ministro Boris Johnson recalcó que no aceptará la
actual salvaguarda para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, que
implica una permanencia del Reino Unido en una unión aduanera con la UE.
Fuentes británicas añadieron que tampoco admitirán una solución que afecte solo
a Irlanda del Norte (y que introduciría controles entre ese territorio y el
resto del Reino Unido), como se propuso en un principio a la ex primera
ministra Theresa May.
Fuentes comunitarias
añadieron que hasta ahora el enviado de Johnson solo ha aportado algunas posibles
soluciones técnicas para los controles de bienes y otros productos en la
frontera. Nada más. Por ello, Barnier este jueves trasladó a los
europarlamentarios que el riesgo de salida abrupta no está superado. Ante la
falta de resultados de las conversaciones con Johnson y la situación política
en el Reino Unido, Holanda —un país próximo al Reino Unido— y Francia han
abogado ya por no volver a prorrogar su salida de la UE aunque ello conlleve un
Brexit desordenado.
Por otra parte, en
Londres, Boris Johnson avanza en terreno movedizo. Si el Tribunal Supremo
decide el próximo martes que su decisión de prorrogar la suspensión del
Parlamento fue ilegal y que perseguía el propósito oculto de obstaculizar las
maniobras de los diputados para frenar un Brexit salvaje, la conclusión
inmediata sería que el primer ministro engañó a Isabel II.
Johnson lo apuesta
todo a vencer la batalla judicial. Tanto él como su equipo son conscientes de
que, si los tribunales anulan su estrategia, su posición se verá muy
debilitada. Sin mayoría parlamentaria, con un Partido Conservador desgarrado,
deberá hacer frente a una cascada de peticiones de dimisión por haber
involucrado a la jefa del Estado en un acto ilegal.
Johnson se aferra a la
sentencia del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales —uno de los tres tribunales
que ha estudiado el caso junto al de Belfast y Edimburgo—, que el pasado 6 de
septiembre estableció que la decisión de cerrar el Parlamento pertenecía al
terreno político y formaba parte de una separación de poderes en la que la
justicia debe evitar intervenir.
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