El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha dictado este jueves por unanimidad medidas cautelares para proteger a la comunidad rohinyá de Myanmar de un posible genocidio, y conservar las pruebas que puedan demostrarlo.
Más de 730.000 miembros de esta minoría musulmana, asentados en suelo birmano, han escapado hacia Bangladés desde 2017 huyendo de la violencia. El máximo órgano judicial de la ONU ordena al Gobierno de Aung San Suu Kyi que ampare a esta minoría musulmana para así poder investigar los supuestos crímenes cometidos contra ellos. Ha invocado para ello la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos.
Más de 730.000 miembros de esta minoría musulmana, asentados en suelo birmano, han escapado hacia Bangladés desde 2017 huyendo de la violencia. El máximo órgano judicial de la ONU ordena al Gobierno de Aung San Suu Kyi que ampare a esta minoría musulmana para así poder investigar los supuestos crímenes cometidos contra ellos. Ha invocado para ello la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos.
El TIJ no ha abordado aún el fondo de caso, que puede tardar años en resolverse, de ahí la importancia de estas medidas provisionales, que obligan a Myanmar a detener de inmediato la violencia contra los rohinyás.
Las medidas dictadas por el Tribunal, que es el principal órgano judicial de la ONU, suponen un duro revés contra el liderazgo de Aung San Kyi, premio Nobel de la Paz 1991y consejera de Estado de Myanmar. Aung San Kyi acudió a La Haya y rechazó la acusación de genocidio en diciembre del año pasado.
Myanmar es un país de mayoría budista que considera a los rohinyás como un grupo bengalí originario de la vecina Bangladés, aunque lleven generaciones asentados en suelo birmano. Sus miembros carecen de derecho a la ciudadanía desde 1982, de forma que no tienen Estado, y tampoco derecho a la educación, salud o de movimiento.
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