PSOE y Cs, dos partidos afines que ya pactaron
en 2016, sumaban 180 diputados tras los comicios del 28 A, pero los lideres de
estos dos partidos boicoteatearon cualquier posible acuerdo postelectoral
durante la campaña. Por todo ello, los españoles penalizaron en estos comicios
la falta de voluntad de acercamientos para facilitar la gobernabilidad de
España: Cs perdió 2,5 millones de votos en sólo seis meses y el Psoe 750.000.
De esta manera, solo PSOE y PP sumarían una
mayoría estable tras el 10 N, pero esta es una coalición imposible ya que ni
los lideres ni los militantes de los partidos la apoyarían. Además, la
propuesta del PP que se filtró durante la campaña, por la que se abstendría en
una hipotética investidura dejando a Sánchez gobernar en solitario con 120
escaños, tampoco garantizaría un gobierno estable.
Por otra parte, un acuerdo de PP con Vox con el
apoyo de Ciudadanos sumaría 150 escaños y se quedaría a 16 escaños de la
mayoría en el Congreso...poco que hacer entonces...
A la vista de todo esto quedan dos
opciones: que Pedro Sánchez intente una investidura, para
lo que Sánchez ha planteado un acuerdo con
Podemos y aún le faltarían 21 escaños para
tener una mayoría para gobernar, o terceras elecciones, para lo que
es necesario una investidura fallida.
Para formar ese gobierno Sánchez tendrá que
negociar al menos con seis partidos, además de Podemos. Lo que ocurre
es que los nacionalistas - PNV, PRC, Coalición Canaria, Bloque
Nacionalista Gallego y Teruel Existe - pedirán acuerdos que beneficien
a sus regiones y, ante la exigencia de un nuevo ajuste fiscal por parte de
Bruselas, esto obligaría a nuevos recortes en otras partidas, léase sanidad,
educación, dependencia, pensiones...las habituales.
Aún así, si las negociaciones tienen éxito
y Sánchez consigue su apoyo para la investidura, necesitará obligatoriamente la
abstención de ERC y, probablemente, Bildu. Es aquí donde
volvemos al 20 de diciembre del año pasado, cuando Sánchez se sentó con Quim
Torra en una mesa de diálogo para tratar de desbloquear la votación sobre los
Presupuestos. Fue entonces cuando los independentistas le dieron un documento
con veintiuna exigencias, la segunda de las cuales instaba al Gobierno a
reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.
El problema es que un referéndum sobre la independencia de Cataluña en el que
sólo voten los catalanes es inconstitucional, como acaba de afirmar el Tribunal
Supremo en su sentencia sobre los sucesos de 2017 en Cataluña y que ha sentado
jurisprudencia.
El pacto que pretenden llevar a cabo
PSOE-Podemos para gobernar la próxima legislatura señala, en su punto nueve,
que cualquier acuerdo en Cataluña debe estar dentro de la Constitución. De ello
se deduce que el acuerdo PSOE-Podemos que van a votar los militantes del PSOE
no incluye las exigencias que hacen los independentistas para apoyar la
candidatura, y que, por lo tanto, jamás la apoyarán.
Llegado a este punto deduciremos fácilmemente
que las terceras elecciones están aseguradas, a menos que ERC, recordemos que
es Esquerra Republicana de Catalunya, cambie de idea y no exija una mesa de
diálogo y un referéndum de autodeterminación para apoyar la investidura.
Respecto a los efectos económicos que podría
tener el pacto PSOE-Podemos diremos que:
-Ya en el primer punto del pacto de gobierno
nos habla de algo tan deseable como consolidar el crecimiento y la
creación de empleo, combatiendo la precariedad y garantizando trabajo
digno, estable y de calidad. Es lógico estar de acuerdo con él, pero la
pregunta que nos asalta es cómo se va a lograr:
La exigencia de Podemos es la derogación de las
dos reformas laborales, la del PP en 2012 y del PSOE en 2010. Pedro Sánchez
habla de un nuevo estatuto de los trabajadores, aunque nadie sabe qué propone.
Por otra parte, ambos están de acuerdo en aceptar los votos del PNV para tener
mayoría en el Senado y poder derogar estas dos reformas. Pero el PNV votó a favor
de la aprobación de las dos, por lo que no se entiende que esperen este cambio
de actitud. Por lo tanto, se puede suponer que se hablará mucho del tema pero
que es poco probable que se llegue a conseguir algo.
La creación de empleo debería ser el centro de
la negociación, teniendo en cuenta que estamos en el 14% de paro y que sigue
siendo la principal preocupación de los españoles. Pero la realidad es que la
creación de empleo se ha frenado en seco, coincidiendo con la subida del
salario mínimo del 22% en enero.
Tanto el PSOE como Podemos llevan en el
programa subir el salario mínimo a 1.200 euros. Parece claro prever que,si en
2020 vuelven a subir con fuerza el salario mínimo, habrá destrucción de empleo
y España entrará en recesión.
- Para crear empleo una economía necesita
transformar ahorro en inversión, y esto no se consigue sin apoyar a la
banca. Los tipos al 0% fueron necesarios en 2012 para evitar la ruptura del
euro, pero mantenerlos tanto tiempo está generando graves distorsiones en el
funcionamiento de la economía. Las hipotecas se pagan al 0,5% . Con esos
ingresos, el banco tiene que pagar a los depositantes, los sueldos de sus
trabajadores, el alquiler de las oficinas, el teléfono, el gua, la luz, el
papel....
De los 18.000 millones declarados en beneficios
por el sistema bancario, 15.000 millones se generan fuera de España,
principalmente en Brasil y en México, donde los tipos de las hipotecas están
próximos al 10%. Esos dos bancos generan miles de empleos en España, directos e
indirectos, que pagan todos los impuestos en España, lugar al que pertenece la
empresa.
Además, sus principales accionistas son fondos
internacionales y, debido a esta inestabilidad política, hay riesgo de que
decidan cambiar su sede fuera de España.
Uno de ellos, BBVA, ingresa mucho dinero cada
año en Vizcaya, que luego es gestionado por el PNV en el gobierno vasco, en la
diputación foral y en el ayuntamiento de Bilbao. De nuevo, el voto del PNV será
necesario para cualquier modificación y de nuevo es muy poco probable que Pablo
Iglesias consiga cambiar nada.
- En el punto 8 del acuerdo PSOE y Podemos
prometen revertir la despoblación pero sus
políticas provocarán más despoblación, ya que los inversores se moverán hacia
los países vecinos, con más estabilidad política o al menos con menor salario
mínimo, y los trabajadores se tendrán que desplazar en busca
de un empleo.
- El crédito a empresas y familias ha
empezado a caer este verano y caerá aún más en 2020. La nueva ley
hipotecaria es una traducción de la directiva europea de protección de los
consumidores tras los efectos generados por la crisis. Busca proteger el doble
aval paterno que ha generado muchos desahucios de la casa de los padres por
impago de las hipotecas de los hijos. Pero la nueva ley deja fuera del mercado
hipotecario a una buena parte de los jóvenes con contratos precarios.
Se prevé que en el cuarto trimestre de 2019 la
concesión de hipotecas esté cayendo próxima al 20%, lo que tendrá un impacto negativo
sobre la construcción de viviendas, el empleo en el sector de la construcción y
todos los sectores relacionados con ella.
El nuevo gobierno debería estar pensando en
medidas para reactivar el crédito o esto, junto con la destrucción de
empleo nos hará entrar en recesión en 2020.
- Podemos planteaba en su campaña incumplir las
exigencias de Bruselas y aumentar el déficit público con un plan de inversiones
verdes en renovables y para luchar contra el cambio climático.
En el punto 10 del pacto con el Psoe dicen
explícitamente “El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con
arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias
a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se
eliminen privilegios fiscales." Pablo Iglesias ya ha advertido a sus
votantes que el pacto exige cesiones.
En el punto 10 asume que se desdice de buena
parte de su programa económico de la campaña.
En definitiva, este pacto de gobierno no parece
pretender construir nada sobre una base sólida, parece ser un escaparate para
conseguir cuatro años de legislatura del partido propio en el poder.
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