La frontera colombo-venezolana está viviendo un proceso acelerado de desinstitucionalización, derivado de al menos tres factores. Por un lado, la tolerancia a la corrupción y la cooptación institucional por parte de organizaciones criminales. En segundo lugar, la ausencia de coherencia entre las políticas de seguridad de ambos países. En este caso hay desconfianza institucional y, además, lenguajes diferentes. Mientras la estrategia de seguridad de Colombia se refiere a la lógica del enemigo interno y amenaza terrorista, en Venezuela toda su estrategia va encaminada a evitar una intervención militar. En tercer lugar, la no existencia de relaciones entre ambos países hace difícil cualquier tipo de coordinación institucional.
Toda esta situación está llevando a que las estructuras armadas ilegales funcionen como Estados: regulan el tránsito de personas, el comercio y hasta administran justicia. Ellas lo controlan prácticamente todo y su crecimiento es casi que exponencial en algunas zonas de frontera. Los niveles de reclutamiento entre los jóvenes son muy altos.
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