El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital con el que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Llegará, según el Ejecutivo, a 850.000 hogares y se empezará a cobrar en junio, aunque unas 100.000 familias en extrema vulnerabilidad podrán comenzar a cobrarlo inmediatamente. Las arcas del Estado gastarán unos 3.000 millones al año en esta ayuda, que se considera estructural y permanente.
La renta, que oscilará entre 462 y 1.015 euros mensuales será compatible con otras ayudas y rentas del trabajo y busca ampliar la cobertura de la prestación a las personas y hogares con bajos ingresos y empleos temporales. Se incluirá un mecanismo de incentivo al empleo, que premiará a quienes acceden a un puesto de trabajo o comiencen una actividad por cuenta propia.
El IMV será una prestación no contributiva de la Seguridad Social que podrán solicitar quienes tengan unos ingresos inferiores a un importe determinado. Esta «renta garantizada» será de 462 euros al mes, con doce pagas, para una persona adulta que viva sola. Si es una unidad de convivencia dicha cantidad se incrementa en función de sus componentes hasta 1.015 euros mensuales. Las familias monoparentales contarán con un complemento de 100 euros mensuales.
La solicitud se realizará a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, preferentemente, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, con carácter retroactivo aplicable desde el 1 de junio, momento en que entra en vigor. El acceso al IMV estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y patrimonio, excluyéndose de ese patrimonio máximo la vivienda habitual.
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